Repudiamos enérgicamente las agresiones que recibieron periodistas de Canal 3 cuando fueron a cubrir el conflicto policial en nuestra ciudad. Cualquier agresión a las y los periodistas es inadmisible. Hemos sido y somos los primeros interesados en defender el derecho a la información y la libertad de expresión, y nuestra historia así lo certifica.
Tratamos diariamente de reflejar lo que ocurre, de mostrar lo que sucede en nuestra ciudad, pero no somos las y los trabajadores de prensa quienes decidimos las líneas editoriales de las empresas periodísticas. Son estas quienes deciden lo que se cubre y lo que no, lo que se publica y lo que no se publica, de acuerdo con sus intereses.
Entendemos que la información es un bien sensible y que no debe ser una mercancía transable sujeta a las presiones del poder político o económico. Es un derecho en cabeza de cada ciudadano y debe ser un reclamo colectivo para que se transforme en realidad.
La sociedad en su conjunto debe saber que quienes llegaron hasta las puertas de la Unidad Regional II para realizar la cobertura son trabajadores enviados por un grupo empresario que define no sólo los días y horarios en que se desempeñan, sino también que hechos se cubren y cómo se presentan en cada medio.
El año pasado, en la Constituyente de Santa Fe lo planteamos con claridad: debían resguardarse los derechos inalienables a la libertad de expresión y al acceso a la comunicación con una legislación precisa, ya que son un pilar fundamental para una democracia plena.
Proteger y asegurar la posibilidad de un ejercicio libre de nuestra tarea, sin condicionamientos ni censuras, es lo que reclamamos. Por el contrario, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, apoya el proyecto de reforma laboral del presidente Milei, que en uno de sus artículos busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional, ley que resguarda estos principios.
Las y los periodistas venimos luchando por un ejercicio libre de nuestro trabajo, ya que somos víctimas de múltiples presiones y también padecemos la precarización en salarios y condiciones laborales, como la inmensa mayoría de los trabajadores. Asumimos la profesión con principios éticos y compromiso social, por eso reafirmamos que no aceptamos agresiones ni descalificaciones para con nuestros compañeros y compañeras.