Libre Expresión

En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, pensado por Naciones Unidas para poner en valor el derecho de acceso a la información pública, es necesario señalar que el ejercicio pleno del mismo se relaciona con la existencia de una sociedad cada vez más informada y participativa, justo sobre la información que producen los gobiernos en todos los niveles del Estado. El gobierno de Javier Milei limitó aspectos que tienen que ver con el derecho, algo que en el futuro habrá que trabajar por restituir su alcance y valor.

Además, se cumplen diez años desde la sanción en nuestro país de la Ley de Acceso a la Información Pública, N°27.275 para hacer efectivo el derecho, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en consonancia con estándares internacionales estipulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. Sin embargo, al llegar a la presidencia, Javier Milei promovió nuevamente la cultura del secreto con prácticas que implican la dilación y la virtual negación de la información pública. Recurrió también al dictado de normas como el decreto 780/24 por el que ataca al núcleo de la ley, a la vez que reduce el alcance mismo del concepto de información pública. Además delimitó el derecho de la ciudadanía sobre qué puede preguntar y sobre qué van a responder quiénes son sujetos obligados.

La modificación en la reglamentación de la que se habla en el párrafo anterior niega el derecho que se debe proteger y afecta a todo el colectivo social al que va dirigido: las y los periodistas que formamos parte de ese colectivo y para quienes la información pública tiene enorme importancia, nos encontramos muy afectados. El gobierno recortó y limitó, una fuente de primera mano consultada con asiduidad.

Por otra parte, la sociedad y las/os trabajadores de prensa estamos en situación de pésimo acceso a la información pública, agredidos e insultados por Milei que utiliza un lenguaje cada vez más violento y soez para referirse al gremio. Y, además, sólo habla con dos o tres medios que lo arropan y de quienes se asegura que no habrá una repregunta que pueda incomodarlo. Se trata de uno de los momentos más oscuros del país en términos comunicacionales.

Desde el año 2025 nuestra Constitución provincial reconoce el derecho de acceso a la información pública bajo los principios de celeridad y máxima divulgación. En el ámbito provincial también la ley 14.256 reguló este derecho, pero con la limitación de que el solicitante debe acreditar un interés en el pedido y formula excepciones al acceso de manera amplia y genérica, todo lo que pone en riesgo el ejercicio cierto de este derecho.