Capacitación y Cultura

El panorama no es alentador. A 80 años del Día de la/el Periodista, la situación de los medios de comunicación se ha tornado muy difícil: la pérdida de más de tres mil puestos de trabajo, salarios impagos, cierre de medios, periodistas silenciados, persecución gremial, corralitos para cubrir las informaciones, vaciamiento de los medios públicos, una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desprovista de su carácter desmonopolizante, niveles cada vez más altos de concentración, restricciones en el acceso y disminución de la pluralidad de voces. Un especialista en derecho a la comunicación y corredactor de la LSCA, un histórico militante de la comunicación sin fines de lucro y una integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual recrearon el mapa de las relaciones de fuerza en nuestro país. Damián Loreti, María Capurro Robles y Daniel Fossaroli encabezaron ayer la charla-debate “El mapa de la concentración – Después del desguace de la Ley de Medios” en la sede de gobierno de la UNR frente a más de cuatrocientas personas.

Aunque la situación es crítica, los disertantes coincidieron en que la palabra “desguace”, era demasiado fuerte. Es que ellos ya fueron espectadores y protagonistas de diversos escenarios: el decreto de Radiodifusión de la dictadura, su empeoramiento por las modificaciones introducidas por Menem, el pequeño veranito de la LSCA y los DNU de Macri. No hay nada que no hayan visto.
El profesor de Derecho a la Comunicación de la UBA Damian Loreti, se remitió inicialmente a dos teorías sobre la libertad de expresión, la proveniente de la tradición norteamericana que se resume en la conocida frase “No hay mejor ley de prensa que la que no existe” y aquella a la suscribe nuestro país desde la reforma del ‘94 con la incorporación de los tratados internacionales, donde se aboga por el “derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Desde esta visión, que Loreti calificó de “astronómicamente distinta”, el estado, lejos de ser un enemigo puede convertirse en un garante.
Las reformas por decreto que introdujo el gobierno de Mauricio Macri atentan directamente contra este paradigma y son claramente inconstitucionales. “Se cargaron el CoFeCa, sacaron el cable para llevarlo a la Organización Mundial del Comercio, disolvieron el AFSCA, voltearon la tarifa social y la no tercerización de los servicios”, comentó el secretario del CELS. De hecho, la primera movilización contra Cambiemos se hizo contra este DNU un día después de su asunción. “Nos agrupamos con distintos sectores, generamos 21 puntos nuevos, armamos un pool de abogados y, 41 días más tarde, nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, relató. La CIDH lo evaluó como un “serio proceso de regresión” respecto de una ley que había sido reconocida internacionalmente y postulada como modelo a seguir y, además, comprometió al gobierno a redactar un nuevo proyecto en 180 días con la participación de distintos sectores sociales. “Todavía no ocurrió”, indicó Loreti porque, en realidad, leyes que combinen las telecomunicaciones con los servicios de comunicación audiovisual, como la llamada Ley Corta o la Ley de Convergencia, no existen en ninguna parte del mundo. Esto se debe a una sencilla razón: tienen objetos distintos, “en un caso se trata de expresiones culturales, artísticas e informativas y, en el otro, de bits”, aclaró el especialista.
Por su parte, María Capurro Robles propuso pensar las reformas de la ley como “modificaciones quirúrgicas para generar los niveles inéditos de concentración que tenemos, los que nos sitúan a la vanguardia en relación con otros países”. A pesar del desguace institucional, que abarcó el reemplazo del AFSCA por el ENACOM, la disolución de los sectores de la comunicación en el directorio, la desaparición del CoFeCa, la reducción del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia a una mera instancia de consultoría, la inexistencia de las reuniones de la Comisión Bicameral, la Defensoría del Público -aunque acéfala- aún subsiste.
No obstante, Capurro decidió enfocarse en las acciones que el organismo todavía puede llevar adelante, como recibir y canalizar reclamos, disponer de las guías de recomendaciones, que constituyen una herramienta para trabajadorxs de prensa, y realizar investigaciones en la materia. Se refirió a la declaración del ministro Aguad: “Vamos a seguir ayudando a los pequeños” –también aludida por Loreti durante su intervención-, y comentó cómo han tenido que profundizar el acompañamiento a los medios sin fines de lucro porque lo único que han impulsado esas políticas son trabas para evitar el acceso a las licencias o a los fondos. Pero no sólo se trata de la burocracia, también señaló que hay operaciones del gobierno con clara intencionalidad para propiciar el cierre de ciertos medios, artilugios que fueron denunciados en los informes que la Defensoría presentó ante el mismo ENACOM. “Parecen vacuos los esfuerzos que podemos hacer pero no dudamos del objeto de nuestro compromiso”, afirmó la subdirectora de Protección de Derechos del organismo.
Daniel Fossaroli ratificó lo expuesto por Capurro Robles en torno a las dificultades de los medios comunitarios para acceder al FOMECA -complemento para su sustentabilidad- y al cierre arbitrario de las radios por parte del ENACOM. Además, agregó el problema de la distribución inequitativa de la pauta oficial: “Hay muy pocas radios que alguna vez han recibido publicidad por parte del Estado”. Pero, más allá estos aspectos, “lo que más nos afecta es la intención que tiene este gobierno para con nosotros, que es la de reducirnos a la mínima expresión”, afirmó el vicepresidente de FARCO, que piensa que Cambiemos sólo busca dejarlos como meras experiencias testimoniales para poder probarles a los organismos internacionales la democracia y la libertad de expresión que existen nuestro país. “Lo que está haciendo es una demostración de poder: nosotros hacemos lo que queremos y ustedes se la tienen que aguantar”, sentenció.
El miembro-fundador de AIRE LIBRE fue mucho más allá de las peligrosas consecuencias que los decretos tienen sobre los medios comunitarios: “Nosotros no trabajamos durante más de treinta años para nosotros, para que el Estado nos dé una licencia, sino para que todos tengan acceso a la palabra pública”. Para él, esto no es más que una vuelta: “Hubo una época en la que algunos tuvieron el 90 por ciento del espectro, en otra se repartió en tres partes iguales y hoy se vuelve a concentrar en unos pocos”, repasó. Con los DNU y con la intención de sancionar la ley de convergencia digital, la comunicación otra vez se concibe como un negocio -y para unos pocos-. “¡No se angustien!”, exclamó Daniel Fossaroli, “todo puede ser peor”. Relató que gracias al coraje de muchos comunicadores y comunicadoras argentinos, los intentos para que los medios sin fines de lucro desaparecieran fracasaron. “Para algunos debe ser irrazonable, pero estamos preparados para afrontar cualquiera de estos desguaces. El único que no vamos a poder tolerar es la indiferencia del público”, concluyó.
Capurro y Loreti adhirieron completamente. Que la comunicación es un derecho de todas y todos es una fuerte convicción a la que no se renuncia por nada. El escenario no es fácil, tampoco nuevo. No hay fórmulas mágicas. Sólo el estudio, el trabajo y la militancia pueden hacerla realidad. Hay pruebas de que esta combinación funciona. Habrá que considerar, como recalcó Loreti, que lo imposible sólo tarda un poco más.

Aquí está disponible el audio de la charla:

https://drive.google.com/file/d/1LGhHj6SxfE5LtNBJAKF1NM14-0w0MNE6/view?usp=sharing